Cambiemos Ecuador

Soy un fiel creyente en las libertades personales, cada cual es juez de lo que es bueno para el o ella, siempre y cuando no afecte a los demás.  Soy fiel creyente de la libertad de prensa y culto, etc.  Estos días he tenido algún tiempo libre y me he dedicado a explorar los canales digitales, borrar canales que no veo, en general re descubrir mi paquete de cable.  Me ha impactado la cantidad de televisión basura que se pasa al mismo tiempo que muchos canales culturales o educativos han salido del aire.  

(EL UNIVERSO 21 ABIL 2010)

Esta semana escuché a un dirigente indígena adoptado por la revolución ciudadana (bien adoctrinado lo noté) durante su intervención en un noticiero televisivo, reclamar enérgicamente la terminación del contrato de concesión del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de Guayaquil, como una de las demandas a propósito de la Ley de Recursos Hídricos que se discute en la Asamblea Nacional.

¿Por qué el interés de este ciudadano por el agua potable de Guayaquil? Ha recorrido alguna vez Guayaquil, los Guasmos, Bastión Popular, Pascuales, Prosperinas, suburbios? ¿Conoció de causalidad la realidad de la ciudad en esta materia, antes del contrato de concesión? ¿Sabrá que más del 80% de los guayaquileños estamos satisfechos con los resultados de estos casi nueve años de concesión?

¿Acaso los guayaquileños deberíamos decidir la manera en que las autoridades de Colta o Guano resolvieron sus problemas de servicios públicos? Este es el real problema del Ecuador. Hay un grupo muy importante de ecuatorianos que trabajamos y nos esforzamos todos los días para progresar y sacar a nuestras familias adelante. Hay un grupo importante de ecuatorianos que nos alegramos por los éxitos del vecino, del compadre, del amigo, del colega, del paisano, del compatriota. Pero lamentablemente, hay también muchos “perros del hortelano” que no son capaces de ayudar a solucionar los problemas de sus comunidades y aún así, pretender intervenir en las decisiones de otras.

Ante las evidentes interrogantes del entrevistador, el susodicho dirigente argumentó que la concesión debía terminar porque su sola existencia constituía una puerta abierta para que otras ciudades en el futuro pudieren adoptar el mismo modelo.

Es decir, este caballero tiene tan bien aprendida la lección, que no ha reparado siquiera en los textos constitucionales que ellos mismos apoyaron en las calles hace más de seis meses. ¿O será que nunca los leyó y le “dieron pensando” el discurso? 

Nadie le explicó que la actual Constitución prohíbe la existencia de concesiones de servicios públicos y especialmente del servicio de agua potable. Nadie le explicó que la misma constitución en una de sus disposiciones transitorias, reconoce la existencia de concesiones anteriormente otorgadas y prevé un mecanismo para auditarla.

Al parecer no se ha enterado que ya hubo una auditoría realizada por el actual gobierno que determinó la subsistencia de la concesión con algunas recomendaciones que las partes deberán cumplir. Entonces, cómo es posible que este señor públicamente exija que termine el contrato de concesión de agua potable de Guayaquil, a través de la nueva Ley de Aguas, si la Constitución ya resolvió el problema?

¿Es que el odio o la envidia por lo mucho o poco que los guayaquileños hemos conseguido en estos 18 años es tan fuerte que les impide articular un discurso coherente e incluso, les lleva a violentar la mismísima constitución de Montecristi?

No pretendo defender la gestión de Ecapag en el control de la concesión, ni mucho menos de Interagua en la ejecución del servicio; seguro deben existir falencias y mucho por hacer aún, pero el balance es indiscutiblemente favorable para la ciudad, y en especial, para las clases más olvidadas de Guayaquil. Lo que sí defiendo es nuestro derecho a decidir sobre nuestro destino como ciudad, como comunidad, a defender un modelo de desarrollo, a defender una fórmula de solución de problemas y satisfacción de necesidades básicas en libertad.

OPINIÓN:  Cuando el IESS invirtió en las centrales hidro eléctricas y en Petroecuador, no me preocupe, son entes que aunque estatales generan dinero constante y sonante (al menos que comiencen a regalar la electricidad).  Hoy veo que con preocupación que a dedo se invierte el dinero de los depositantes y aportantes en bonos (muy similares a los que se emitieron en Wall Street) y que a lo mejor los declaran ilegítimos.   Peor aun, estos dineros no tienen un uso especifico, son para gasto corriente del estado, el IESS no este invirtiendo, esta gastando.   Ojala en 3 o 4 años con los famosos excedentes y pagos, por fin mejoren la seguridad social, construyan mas hospitales y les paguen a quienes merecen su jubilación.

Redacción Negocios

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)   volverá a invertir los recursos de afiliados en bonos del Estado.  La última inversión de la entidad, en diciembre del  2008,  fue de USD 1 248 millones a  una  tasa de interés de entre 6% y 6,75%.   Un año cuatro meses después, los miembros del Consejo Directivo del IESS se volvieron a plantear   otra compra de bonos.  Y en la sesión del 31 de marzo pasado aprobaron el plan de inversiones del 2010, el cual  incluye la compra de estos papeles al  Ministerio de Finanzas por USD 1 095 millones.  Esta emisión es clave para Finanzas, cuyas necesidades de financiamiento suman USD 4 124 millones para este año.  Con este espaldarazo del IESS al Régimen, más otros USD 222 millones que se colocarán  en entidades financieras estatales, se comprometerá el 52,6% de su portafolio en el   sector público. Según  la norma  de la Junta Bancaria (JB),  el Seguro Social puede colocar hasta el 75% de sus inversiones en este sector. En otras palabras, aún le queda un margen al IESS para invertir  en este segmento, ya sea en la emisión de bonos u otro tipo de instrumentos financieros.  Pero ese cupo libre también se debe a que  en el  plan del IESS  no se registró como inversión pública el crédito otorgado a Petroecuador para el desarrollo del  campo Pañacocha.  Tampoco está incluido  el crédito para instalar plantas  termoeléctricas y otros fideicomisos de inversión, en los  que está, por ejemplo, la planta hidroeléctrica Baba.  Según el Seguro, cuando se trata de fideicomisos de inversión, el valor  se contabiliza dentro del cupo del sector privado.  Lo anterior se explica porque  los activos del proyecto entran  a un fideicomiso (patrimonio autónomo), que es considerado privado, pese a que  el originador sea de carácter publico.  En este tipo de inversiones  se proyectó   un total de USD 610 millones para este año.   Gabriel Riera, presidente de la Asociación de  Jubilados Batalla de Tarqui, está de acuerdo con que el IESS invierta los recursos y que no estén en el Banco Central  sin ganar intereses.   Pero puntualiza que ya sea en bonos o en proyectos públicos o privados, las autoridades deben asegurar el retorno del capital y un rendimiento mínimo del 7%. Riera cree que la   emisión de bonos  está garantizada y una prueba de ello es que el IESS  ha recibido  USD 80 millones de  intereses por los papeles vigentes.   Ramiro González, titular del Consejo Directivo del Seguro,   defiende   la inversión en el Estado porque es segura y no hay dónde más invertir.   Sin embargo, Riera al igual que Abdón Logroño, otro dirigente de los jubilados, reclama que de la misma forma el Estado debe pagar la contribución del 40% de las pensiones jubilares.  Según el analista económico Mario Sánchez, para asegurar que la inversión en bonos sea  la adecuada, primero hay que saber  el destino de los recursos.  De esto dependerá que el IESS recupere su inversión y pueda  garantizar  el pago de pensiones y  prestaciones médicas.  De acuerdo con los estudios actuariales, si  al IESS no le garantizan  el retorno puede tener  serios problemas a futuro.  Aunque considera que al tratarse de bonos internos es más fácil ponerse de acuerdo para que se haga efectivo el pago.   Este Diario consultó al Ministerio de Finanzas qué características tendrán estos bonos y cuándo se emitirán, pero ofreció aclarar  hoy este y otros temas.  Sin embargo, puertas adentro, algunos funcionarios, que evitaron ser citados, dijeron  ayer que ya tenían conocimiento de esta posibilidad semanas atrás, aunque no conocen    detalles de los bonos, algo que  maneja la ministra María Elsa Viteri.    

El financiamiento

La necesidad de financiamiento del Gobierno asciende a USD 4 124 millones para este año. Hasta el momento ha obtenido algo más de USD 1 100 millones en créditos externos. Las autoridades  prevén financiar el déficit  de este año con  préstamos  internos por  USD 1 700 millones y con créditos externos por USD 2 300 millones.  La deuda pública interna ascendió  a USD 2 825,5 millones, hasta febrero de este año, según las estadísticas del Banco Central del Ecuador.

El agua es un recurso escaso y contaminado. Ahora se transformó, además, en un recurso politizado en el peor sentido de la palabra, lo que va a conducir a una especie de guerra entre comunidades, pueblos, municipios, Estado y propietarios grandes y pequeños. A todos ellos se les está situando en un escenario de confrontación, porque, desde la Asamblea de Montecristi, a la discusión de un tema social y económico importante, se agregaron condimentos demagógicos, declaraciones líricas y suspiros socialistas.

Los campesinos se enfrentan, y hasta se matan,  por el robo de la vaca, por el lindero del lote y por el agua. Por eso, me parece una imprudencia haber hecho del asunto una bandera política, que oculta y soslaya los grandes temas implícitos en el asunto:

1.- El agua es bien del Estado desde mayo de 1972, en que la dictadura de entonces expidió la Ley de Aguas, de modo que no corresponde a la verdad aquello de que el recurso está privatizado. Está concesionado por el Estado, que es  diferente, porque la concesión no transfiere la propiedad, es temporal y revocable. Además, se paga por ella.

2.- En la Sierra, el agua es un bien terriblemente escaso. Los caudales han disminuido sustancialmente en los últimos veinte y cinco años. Algunas de las causas: el cambio climático, la depredación de los páramos, el ascenso de la frontera agrícola hasta los 3 500 msnm, la erosión de las laderas y quebradas, la minifundización, que es el resultado tangible de dos reformas agrarias igualmente políticas y no técnicas. A modo de ejemplo, la primera ley, de 1964, obligó a los propietarios a cultivar, sin ton si son, hasta el 80% de las propiedades, bajo amenaza de reversión. 

Comenzó, entonces la “era del carbón”: buena parte de los chaparros húmedos, de la montaña  y boca de montaña que protegían las fuentes agua en las alturas, se “limpiaron de monte”, se transformaron en leña y en carbón, bajo la acuciosa presión del Estado. Se han salvado tres o cuatro bosques andinos pequeños. Lo demás, son eriales con cultivos raquíticos o abandonados. Factor del desecamiento ha sido también la forestación inadecuada.

3.- Parte importante de los páramos, con las pocas esponjas de agua que quedan, son de propiedad, o están bajo el control de comunidades indígenas o del Estado, y funcionan como tierras de pastoreo extensivo. Las tierras estatales está abandonadas u ocupadas de hecho. Por tanto, el poder político y de facto que tendrán actuales ocupantes sobre los propietarios de los valles, incluso sobre los minifundistas, sobre los pueblos y municipios, será espectacular. En el tema del agua, quien está en la cabecera de las fuentes, manda e impone, y punto.

4.- La contaminación es dramática, el uso se ha caotizado, se ha generalizado lo que en el campo llaman el “robo del agua”.
¿Podrán remediar estos dramas que vienen la politización y el radicalismo?