(EL UNIVERSO 21 ABIL 2010)
Cuatro oficialistas: Lídice Larrea, Omar Juez, Jaime Abril y Yandri Brunner, una asambleísta de MG, Susana González, y el independiente Jimmy Pinoargote firmaron el informe de mayoría, mantuvieron la concesión a Interagua y dejaron en manos del Alcalde (Jaime Nebot) la decisión de darle continuidad amparándose en dos artículos de la Constitución.
El primero corresponde a las competencias de los gobiernos seccionales municipales y el segundo el criterio de excepcionalidad para delegar al sector privado la participación en esta área.
Según el artículo 264, los municipios tienen la competencia de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado y, según el artículo 316, el Estado, de forma excepcional, podrá delegar a la iniciativa privada la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos.
“En el proyecto indicamos que el alcalde de cualquier ciudad es responsable de hacer la auditoría (en el plazo de un año) y evaluar si esa empresa, en este caso Interagua, ha cumplido con los parámetros de asistencia, inversión, beneficio a la población, en este caso de Guayaquil”, dijo Jaime Abril, presidente de la Comisión.
Explicó que después de ese año, el alcalde tendrá otro plazo que será de entre un año y un año y medio para dar por terminado el contrato o explicar las razones por las que se permite que la empresa se quede.
En desacuerdo con este y otros puntos, Pedro de la Cruz (de la Fenocin y alejado de PAIS) presentó un informe personal, anunció que el Ministerio de Vivienda renegoció el contrato con Interagua y que el informe de mayoría indica que los “voceros” del Ministerio de Coordinación Política se aliaron con la derecha para hacer pasar los nudos críticos de la ley con “las mismas propuestas privatizadoras”.
“No ha habido la voluntad política de algunos sectores de PAIS que de alguna manera tienen relación con las empresas embotelladoras”, expresó.
Días atrás, González defendió su voto diciendo que no se trata de un pacto con el oficialismo, sino de apoyar los puntos de la ley que contribuyen a que el sector productivo tenga mejores condiciones para trabajar.
Para el oficialismo, la oposición de los sectores indígenas como la Conaie y la Fenocin se sustenta en un argumento irreal, porque no se está privatizando el agua.
“El voto de Susana González es sensato; trabajamos no solo para un sector, sino para todos; rechazamos cualquier sugerencia de pacto con la derecha”, manifestó Omar Juez.
Más datos: Propuesta
Informes
El proyecto definitivo de la Ley de Aguas que se adjunta al informe de mayoría contiene 266 artículos, 3 disposiciones generales, 20 transitorias y 16 derogatorias. Dos proyectos de minoría presentarán el Socialismo, Pachakutik y el MPD.
Trámite
El informe de mayoría fue entregado ayer a la Secretaría de la Asamblea Nacional.
Una vez cumplido ese trámite el presidente del Legislativo, Fernando Cordero, debe fijar fecha para el segundo y definitivo debate del proyecto en el pleno.