Autor: Romulo Lopez

A continuación reproduzco el discurso del ex-presidente de Costa Rica dado en la Cámara de Comercio de Guayaquil:

LOS SUEÑOS NO SÓLO HAY QUE PENSARLOS, HAY QUE CONSTRUIRLOS 

Óscar Arias Sánchez

Guayaquil, Ecuador

121 Aniversario

Cámara de Comercio de Guayaquil

10 de junio de 2010 

Amigas y amigos: 

      Para cualquier habitante del mundo, Ecuador tiene un significado particular. Este país en el centro de la Tierra, este rincón en el vientre del planeta, nos recuerda las clases de Geografía que nos repetía la maestra de escuela. Dentro de las memorias primeras de cualquier ser humano, está aquella imagen de Ecuador en el cinturón del globo terráqueo, aquel punto que aprendimos a señalar con orgullo, cuando éramos chiquillos de pantalones cortos.

      Hoy visito aquella tierra que de niño señalaba en el mapa. Visito aquel país que era un retazo en la colcha del globo terráqueo. Vengo ante ustedes con pantalones largos, en el cuerpo y en el alma. Vengo ante ustedes cargando cuarenta años de lucha por América Latina. He visto muchas maravillas en nuestro subcontinente. He visto, también, dolores inconcebibles. Pero en todas las esquinas se repiten las notas de una misma tonada, las claves de un mismo código. Por eso confío en que mi mensaje, que es un mensaje costarricense, pueda ser entendido por este pueblo hermano.

      Me han pedido que les hable sobre la democracia y la libertad en Ecuador. Y he accedido porque comprendo que la democracia y la libertad no son idiosincráticas, no dependen del lugar en donde se las evoque. En Ecuador, en Suiza o en Indonesia, democracia quiere decir un núcleo básico de instituciones, derechos y deberes, que permiten la expansión de las libertades fundamentales de los individuos en una colectividad. Es un juego en el que cambian los jugadores, pero no cambian las reglas.

      Una de las grandes falacias políticas, en América Latina y en muchas otras partes del mundo, consiste en vender la idea de que cada lugar puede desarrollar una democracia específica o un sistema de libertades particular. Muy a menudo, esas justificaciones no son más que disfraces para ocultar una vocación opresiva o autoritaria. Para ponerlo en términos sencillos, muchos argumentan que el juego se juega diferente en todas partes, tan sólo para cometer fouls sin recibir tarjeta roja.

      Yo estoy plenamente convencido de que las reglas democráticas son universales, y que los países son más o menos democráticos, dependiendo de cuánto se acercan o cuánto se alejan de ese sistema que esbozaron los griegos, que perfeccionaron los estadounidenses, que sofisticaron los nórdicos y que hoy intentamos impulsar, con mayor o menor éxito, la mayoría de los países de la Tierra.

      Por eso no hace falta que hable de las características distintivas de Ecuador. Nadie conoce este país mejor que ustedes. En cambio, prefiero hablar de las amenazas que percibo para la democracia y la libertad en América Latina, que se repiten en muchos países de la región. Porque, a pesar de que abandonamos las dictaduras que marcaron con sangre la segunda mitad del siglo XX, es claro que todavía queda mucho camino por recorrer.

      Cuatro son las amenazas principales que percibo en nuestra región: la concentración del poder, supuestamente justificada por el respaldo electoral; el irrespeto a la ley y la debilidad del Estado de Derecho; la ineficiencia de nuestros aparatos estatales a la hora de brindar los frutos de la democracia; y la tentación militar que desde siempre ensombrece los más claros días de nuestra región.

      El poder democrático es un poder insalvablemente limitado. Por definición, un gobernante demócrata tiene oposición política, es controlado por los medios de comunicación, recibe críticas por parte de sus detractores, es supervisado por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tiene un periodo establecido para ejercer sus funciones, tiene un marco legal definido en el que puede operar, y se encuentra siempre sujeto al escrutinio ciudadano y a la evaluación pública de su gestión. Éstas son las reglas incuestionables del poder democrático y cualquiera que pretenda saltarlas, incurre en vicios autoritarios, aunque haya sido elegido por el pueblo.

      Se trata de una trampa en que han caído algunos gobiernos latinoamericanos. Al recibir el apoyo electoral, interpretan que el mandato del pueblo les permite modificar las reglas democráticas para llevar adelante su proyecto político. Entonces, si la Constitución se interpone en su camino, la cambian. Si el Poder Judicial objeta sus decisiones, nombran nuevos jueces y magistrados. Si los medios de comunicación cuestionan sus comportamientos, los cierran. Si sus adversarios políticos se pronuncian, los amenazan. Y si su periodo no les alcanza, lo prorrogan.

      Tengamos mucho cuidado. Las elecciones son una parte esencial del proceso democrático, pero no son el proceso democrático. Si un gobernante coarta las garantías individuales, si limita la libertad de expresión, si restringe injustificadamente la libertad de comercio, subvierte las bases mismas de la democracia que lo hizo llegar al poder.

      El dilema que esto presenta, y que aún no hemos logrado resolver, es cómo lidiar con democracias en donde los gobernantes se comportan autoritariamente, pero no son dictaduras. Porque, en honor a la verdad, en América Latina sólo existe una dictadura y es la dictadura cubana. Los demás regímenes, nos guste o no, son democracias en mayor o menor grado de consolidación. Pretender derrocar esos gobiernos, o removerlos de alguna forma violenta o contraria a la Constitución y las leyes, es caer en el mismo juego autocrático que pretendemos combatir. Un verdadero demócrata no pide jamás la caída de un gobierno electo por el pueblo. Si algo nos ha enseñado la dolorosa experiencia de Honduras, es que un golpe de Estado es siempre, siempre, una pésima idea.

      La única vía para restarle poder a quienes lo han concentrado luego de recibir el apoyo popular, es minando ese apoyo popular. Con educación cívica, con debates, con ideas, con argumentos, con ejemplos. Los pueblos mismos deben aprender a apartar los espejismos de la demagogia y del populismo. Los pueblos mismos deben aprender a condenar, en las urnas, el comportamiento antidemocrático de un régimen. Los pueblos mismos deben aprender a separar la paja del trigo. Porque el problema no son los falsos Mesías, sino los pueblos que acuden con ramas y palmas a celebrar su llegada. De nada le sirve a América Latina deshacerse de líderes con delirios autoritarios, si tan sólo van a ser sustituidos por nuevas estrellas del teatro político.

      No nos corresponde “proteger” a nuestros pueblos de las amenazas. Nos corresponde, en cambio, educarlos para que ellos mismos aparten esas amenazas. El paternalismo debe ser sustituido por una fe genuina en el poder transformador de las sociedades, un poder que, hoy más que nunca, puede ser canalizado de forma efectiva. Las redes sociales como Facebook o Twitter, los foros de debate como esta Cámara de Comercio, los espacios de discusión, que pueden ir desde la mesa del comedor hasta el anfiteatro más grande, nos invitan a pregonar el credo democrático. El argumento más convincente que podemos dar, la forma más honesta de convencer a alguien de la necesidad de apoyar únicamente a los líderes que respetan las reglas del juego, es que, tarde o temprano, sólo esos líderes mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Tenemos que convencer a nuestros pueblos de la vacuidad de la promesa mesiánica, si es que queremos construir una verdadera vocación democrática en América Latina.

      La segunda amenaza que percibo, está profundamente ligada con la anterior, y es la fragilidad de nuestro Estado de Derecho. Gran parte de los problemas que ha tenido América Latina en los últimos años, son producto de una incapacidad estatal de evitar la concentración del poder. Muchos tribunales carecen de la autoridad para decirle a un gobernante “hasta aquí”. Muchos congresos carecen de la facultad para controlar, verdaderamente controlar, a los mandatarios. Hay un uso perverso de los instrumentos legales y una flexibilización constante de las normas, para perseguir fines particulares.

      En parte, esto es producto de una debilidad cultural. A los latinoamericanos les cuesta mucho identificarse con el Estado, y como consecuencia, les cuesta mucho obedecer las normas públicas. La evasión fiscal, por ejemplo, no sólo no es vista como delito en nuestros países, sino que incluso es vista como astucia. Lo mismo sucede con el irrespeto a las leyes de tránsito o a las normas ambientales o a las reglas de la competencia. Parece elemental, pero necesitamos entender que una región que no respeta las normas del juego, no puede pedir que sus gobernantes las respeten.

      Esto tiene serias incidencias sobre la capacidad de hacer negocios, y estoy seguro de que ustedes lo saben mejor que yo. Al final del camino, la inseguridad jurídica, la incapacidad de confiar en el sistema legal de un país, la incertidumbre en torno a las consecuencias que nuestros actos pueden tener, es uno de los peores enemigos del crecimiento económico. A ustedes, más que a nadie, les conviene fortalecer el Estado de Derecho, a partir de su ejemplo y a partir de su discurso. Les corresponde contribuir responsablemente con la educación cívica de las escuelas y colegios. Les corresponde demostrar que el sector privado no cae en el mismo juego de atajos que critica en el sector público. Les garantizo que un respeto indiscutible a las normas y a la autoridad, de parte de los empresarios, es uno de los principales alicientes con que puede contar un pueblo para abrazar la democracia.

      La tercera amenaza que he mencionado es la ineficiencia de nuestros aparatos estatales. Con muy pocas excepciones, como Tailandia y Nepal, los pueblos latinoamericanos son los que han luchado durante más años, desde su Independencia, por cruzar el umbral del desarrollo. El retorno democrático de fines del siglo XX, vino aunado a una promesa de prosperidad que aún hoy no ha sido cumplida. Nuestros habitantes todavía esperan que la democracia les cambie la vida, todavía esperan que la libertad ponga pan sobre la mesa.

      Esa incapacidad para traducir en realidad las promesas, es culpa de una esclerosis estatal que nos tiene paralizados. En muchos sentidos, nuestros gobiernos trabajan muy duro para obtener muy pocos resultados. Hemos construido Estados hipertrofiados, a los que les cuesta mucho ejecutar las acciones más esenciales, en primera instancia, porque son Estados desfinanciados, que deben lidiar con el perpetuo dilema de construir sociedades de primer mundo con impuestos exiguos; y en segunda instancia, porque son Estados amarrados, obsesionados con controles duplicados y triplicados que hacen muy poco para detener la corrupción, pero mucho para detener el crecimiento económico.

      Sé que, como empresarios, a ustedes les genera ansiedad la posibilidad de pagar mayores impuestos. Pero también sé que el costo de hacer negocios en un país subdesarrollado es, muchas veces, prohibitivo. Es mejor pagar mayores tributos, pero transitar por carreteras en buen estado, tener trabajadores educados, contar con un sistema de salud universal, realizar rápidamente los trámites públicos, tener barrios y ciudades seguros, recibir el producto de la investigación y la innovación en las universidades, y en general disfrutar los beneficios con que cuenta el sector empresarial en las naciones industrializadas. Es crucial que entendamos que si nuestros países no mejoran su competitividad, nunca podrán dar el salto al desarrollo que nuestros pueblos esperan y merecen.

      Una reforma estatal, que revise nuestra maraña legal, que elimine las trabas innecesarias para el  buen funcionamiento de nuestros gobiernos, es un elemento esencial no sólo en la generación de mayor riqueza, sino en la profundización de nuestra democracia y en la expansión de nuestras libertades individuales, porque un pueblo satisfecho es menos propenso a rendirse ante las tentaciones autoritarias. Presionar por la reforma del Estado, desde las campañas políticas pero también en la vigencia de los Gobiernos, debería ser una de las principales preocupaciones de cámaras como ésta.

      La última amenaza que quería mencionarles, es la persistente tutela militar de la región, que se resiste a abandonarnos a pesar de los dolores infligidos en el pasado. Cuando era estudiante en Inglaterra, y del otro lado del océano llegaban las noticias de una retahíla inacabable de golpes de Estado en América Latina, mis compañeros se burlaban diciendo que yo venía de una región que era como un disco de larga duración, es decir, de 33 revoluciones por minuto.

      Aquello que era una broma cruel para mí, es una realidad que ha lacerado incansablemente a nuestra región. Guerras civiles, revoluciones sangrientas, golpes de Estado, represiones brutales, torturas, desapariciones: a pesar de la retórica nacionalista, el expediente de los ejércitos de la región tiene muy pocas glorias, sobre todo durante el último siglo.

      El año pasado, el gasto militar de la región ascendió a 60 mil millones de dólares, lo cual es más del doble de lo que era hace seis años. Muchos países destinan alrededor del 2% de su Producto Interno Bruto a sus ejércitos, aunque algunos destinan mucho más. Esto es alarmante per se, pero sobre todo cuando recordamos que la carga fiscal de nuestros países es, en promedio, del 18% del Producto Interno Bruto, con casos extremos que apenas llegan al 10%.

      ¿En qué fortalece esto nuestra democracia y nuestra libertad? ¿Cómo contribuye a brindarles a nuestros ciudadanos una mejor calidad de vida? Cuando digo estas cosas, hay quienes me argumentan que los ejércitos combaten el narcotráfico o realizan labores de rescate, en caso de emergencia. Pero ninguna de estas razones es una función propia de los ejércitos, ni justifica la carrera armamentista en la que actualmente se encuentra América Latina. Por el contrario, la presencia de fuerzas armadas cada vez más poderosas no hace sino reforzar la idea de que es con la violencia, y no con la razón, con que se resuelven las cosas; y que es la fuerza, y no la ley, la que debe regir la convivencia entre los seres humanos.

      Reducir el gasto militar no sólo sería una demostración de la fe en la democracia y en las reglas del juego, sino la oportunidad de disponer de una liquidez necesaria para invertir en escuelas y colegios, en clínicas y hospitales, en carreteras y aeropuertos, en laboratorios y centros de cómputo, en escuelas de música y teatros. Un gasto ocioso pasaría a ser una inversión en la competitividad de nuestras economías.

      No hablo por hablar. Costa Rica fue el primer país en la historia en abolir su ejército y declararle la paz al mundo. Nuestros hijos no conocen los tanques de guerra, los submarinos o los helicópteros artillados. Desde hace más de sesenta años, destinamos a la educación, a la salud y a la protección del medio ambiente, lo que destinábamos a nuestro ejército. El producto es que somos uno de los países con mejor Índice de Desarrollo Humano en la región y el país más feliz del mundo, según recientes publicaciones.

      No estoy abogando por la abolición de todos los ejércitos latinoamericanos, aunque ganas me sobran. Comprendo que se trata de instituciones que son respetadas, y cuya necesidad es percibida por la mayoría de personas. Pero no veo razón alguna por la cual nuestra región deba embrollarse en una carrera armamentista. Un aumento en el gasto militar es injustificable para países que, con la sola excepción de Colombia, no experimentan actualmente ningún conflicto armado.

     Con un poco de memoria uno comprende que, en América Latina, fortalecer a los ejércitos es, casi siempre, debilitar las democracias. Dejar de invertir en la industria de la muerte, empezar a gastar en la prodigiosa empresa de la vida, debería ser una prioridad para países que están en deuda con la paz, con el desarrollo y con la libertad. 

Amigas y amigos:

      He venido a esta hebilla del cinturón de la Tierra, recordando mis años de infancia. Aquel globo terráqueo con que jugaba en la escuela, se convirtió luego en el escenario de las largas luchas de mi vida. La búsqueda de la paz me llevó a comarcas lejanas, “y me gradué doctor en sueños”, para usar una expresión del gran po
eta ecuatoriano,  Jorge Carrera Andrade. “Vine a América a despertar”, nos dice el poeta. Yo también vine a despertar a América, a darme cuenta de que los sueños no sólo hay que pensarlos, sino que hay que construirlos.

      He dedicado mi vida a construir el sueño de una América Latina más pacífica, más libre, más próspera, más democrática, más acorde con la idea que me inculcó la maestra. Aún hoy sigo construyendo esa visión: una América Latina en donde el poder no se concentre, sino que se distribuya; en donde la ley no se irrespete, sino que se fortalezca; en donde los aparatos estatales no se ahoguen, sino que se vuelvan eficaces; en donde el militarismo no se atice, sino que ceda campo al desarrollo humano. Esa América Latina es posible. Existe en cada uno de ustedes. Hoy les pido que, como yo, se gradúen en sueños y despierten a esa América que espera más allá del esfuerzo y el trabajo.

      Muchas gracias.