Esta semana escuché a un dirigente indígena adoptado por la revolución ciudadana (bien adoctrinado lo noté) durante su intervención en un noticiero televisivo, reclamar enérgicamente la terminación del contrato de concesión del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de Guayaquil, como una de las demandas a propósito de la Ley de Recursos Hídricos que se discute en la Asamblea Nacional.
¿Por qué el interés de este ciudadano por el agua potable de Guayaquil? Ha recorrido alguna vez Guayaquil, los Guasmos, Bastión Popular, Pascuales, Prosperinas, suburbios? ¿Conoció de causalidad la realidad de la ciudad en esta materia, antes del contrato de concesión? ¿Sabrá que más del 80% de los guayaquileños estamos satisfechos con los resultados de estos casi nueve años de concesión?
¿Acaso los guayaquileños deberíamos decidir la manera en que las autoridades de Colta o Guano resolvieron sus problemas de servicios públicos? Este es el real problema del Ecuador. Hay un grupo muy importante de ecuatorianos que trabajamos y nos esforzamos todos los días para progresar y sacar a nuestras familias adelante. Hay un grupo importante de ecuatorianos que nos alegramos por los éxitos del vecino, del compadre, del amigo, del colega, del paisano, del compatriota. Pero lamentablemente, hay también muchos “perros del hortelano” que no son capaces de ayudar a solucionar los problemas de sus comunidades y aún así, pretender intervenir en las decisiones de otras.
Ante las evidentes interrogantes del entrevistador, el susodicho dirigente argumentó que la concesión debía terminar porque su sola existencia constituía una puerta abierta para que otras ciudades en el futuro pudieren adoptar el mismo modelo.
Es decir, este caballero tiene tan bien aprendida la lección, que no ha reparado siquiera en los textos constitucionales que ellos mismos apoyaron en las calles hace más de seis meses. ¿O será que nunca los leyó y le “dieron pensando” el discurso?
Nadie le explicó que la actual Constitución prohíbe la existencia de concesiones de servicios públicos y especialmente del servicio de agua potable. Nadie le explicó que la misma constitución en una de sus disposiciones transitorias, reconoce la existencia de concesiones anteriormente otorgadas y prevé un mecanismo para auditarla.
Al parecer no se ha enterado que ya hubo una auditoría realizada por el actual gobierno que determinó la subsistencia de la concesión con algunas recomendaciones que las partes deberán cumplir. Entonces, cómo es posible que este señor públicamente exija que termine el contrato de concesión de agua potable de Guayaquil, a través de la nueva Ley de Aguas, si la Constitución ya resolvió el problema?
¿Es que el odio o la envidia por lo mucho o poco que los guayaquileños hemos conseguido en estos 18 años es tan fuerte que les impide articular un discurso coherente e incluso, les lleva a violentar la mismísima constitución de Montecristi?
No pretendo defender la gestión de Ecapag en el control de la concesión, ni mucho menos de Interagua en la ejecución del servicio; seguro deben existir falencias y mucho por hacer aún, pero el balance es indiscutiblemente favorable para la ciudad, y en especial, para las clases más olvidadas de Guayaquil. Lo que sí defiendo es nuestro derecho a decidir sobre nuestro destino como ciudad, como comunidad, a defender un modelo de desarrollo, a defender una fórmula de solución de problemas y satisfacción de necesidades básicas en libertad.
Cambiemos Ecuador 
como todo indio, fiel a su naturaleza maldita.