Uno de los principales problemas-raíz en nuestro país -y en Latinoamérica en general- es que nuestra legislación es ampliamente atentatoria a los derechos fundamentales, que son: vida, libertad y propiedad. (Una frase criolla ilustra muy bien esta situación: "Tiene razón, pero igual va preso…") Además, por si no fuera suficiente, las cortes y sus funcionarios no gozan de prestigio -según lo han demostrado encuestas a nivel latinoamericano donde las cortes ecuatorianas salen muy mal paradas. Como resultado, para muchos de nosotros es difícil de creer que en los fallos judiciales se observan la letra y espíritu de la ley, ni qué decir de que realmente se imponga justicia a través de ellos.
He escuchado a amigos abogados decir -muy sueltos de huesos- frases como 'en el Ecuador no hay justicia' o referirse al edificio de la Corte Superior como 'el palacio de la moneda'. Y nadie se escandaliza por ello.
Esto nos lleva al polémico caso de Cervecería Nacional. Frente a los supuestos abusos de la empresa hacia un grupo de personas que laboraron en ella, una jueza de la Niñez y Adolescencia emitió un fallo que inhabilitaba la operación total de la cervecería, causando graves perjuicios a los dueños, empleados, proveedores y distribuidores. La jueza en mención no tendría jurisdicción para tratar un tema laboral, y la sanción era, por lo menos, desproporcionada.
Frente a esto, la cervecería apela el fallo ante la Corte Constitucional y esta lo deja sin efecto. Pocas semanas después, un asambleísta de oposición presenta la copia notarizada de un cheque por medio millón de dólares que la empresa giró a favor del hermano del secretario de la CC, pocos días antes de que esta dicte su sentencia. La versión de la cervecería es que fue por honorarios.
Sin poder "alegrarme", como mencionó un amable lector del foro por esta situación, tampoco puedo ser hipócrita y poner a la empresa que produce aquel vital líquido en el banquillo de los acusados -aún cuando pesa sobre ella una grave sospecha de corrupción. En un país donde -en efecto- no hay justicia, donde los juzgados funcionan en un edificio que tiene por mote 'palacio de la moneda', es iluso pensar que, aún teniendo razón, una persona natural o jurídica vaya a recibir justicia a través de un fallo judicial sin 'aceitar' un poco la maquinaria.
A fin de cuentas, yo quisiera tener respuestas confiables para las siguientes preguntas: ¿La demanda de los ex-trabajadores se ajusta a lo que dice la ley? ¿Está habilitada una jueza de la Niñez y Adolescencia dictar un fallo en un caso laboral? ¿El fallo de esa jueza es procedente? ¿O es en realidad Cervecería Nacional quien tiene la razón en el caso? ¿Fue la sentencia de la Corte Constitucional genuinamente válida?
No lo sabemos. Desde lejos, me da la impresión de que han habido violaciones a la ley por parte de todos los implicados. Y de ser así, ¿fue por necesidad, porque de otra manera es imposible trabajar en el país o hacer que se respete la normativa vigente?
El problema, obviamente, es de fondo. Y mientras los medios están distraídos con una supuesta coima (porque en realidad, solo los involucrados saben lo que realmente pasó), una de las preguntas en la consulta propuesta por el Ejecutivo crea la figura de "enriquecimiento ilícito privado" y nadie dice nada.
A continuación una reciente columna de Ricardo Noboa donde se puede ver que muchos compartimos al menos la sospecha de que las 'autoridades competentes' (no son ni lo uno ni lo otro) extorsionan a personas naturales y jurídicas -aún en el supuesto de que tuvieran razón- para emitir sentencias. Tal es el nivel del cinismo que ahora han dado marcha atrás sobre un fallo supuestamente inapelable.
Publicado el 15/Febrero/2011 | 00:04
Por: Ricardo Noboa
analisis@hoy.com.ec
El caso es de Ripley. Pero desnuda el descaro con el cual se actúa desde hace ya algún tiempo en el país
A modo de Forrest Gump, el abogado corrió y corrió evadiendo a la prensa. Si no tuviera nada que ocultar, debería haber aceptado la entrevista al salir de la Fiscalía y defendido a su cliente, cual era su deber. Más aún cuando ya había cobrado sus importantes honorarios. Y el mismo día, la Corte Constitucional dejó sin efecto la sentencia. Admitiendo de esta manera su dudoso accionar, la Corte se ha puesto en entredicho. Sencillamente porque tomaron el típico atajo político y no jurídico. Actuaron como aquellos Gobiernos que suben primero y luego bajan la gasolina o el gas. Siendo la máxima instancia legal del país, la que crea jurisprudencias que nadie puede cambiar, la que se convirtió en verdadero Sanedrín después de la Constituyente, resolvió, ante el escándalo publico, anular su sentencia. Actuó igual que el Forrest Gump criollo, corriéndole a la responsabilidad, evadiendo el deber del juez de explicar a la sociedad la motivación de sus providencias.
La Cervecería no es cualquier empresa. Es una empresa símbolo. Fabrica la marca comercial quizá mas importante del país, su producto es consumido por millones de ecuatorianos, sobre todo en la Costa, en donde una "biela" helada es básica con el cebiche después, paradójicamente, de hacer deporte. Su contribución al Fisco ha sido trascendental y sus abogados en los tribunales han sido juristas de la talla, por ejemplo, del doctor Ramón Vela Cobo. Y, de paso, la causa, en mi opinión, era justa, pues los ex trabajadores de una empresa tienen que acudir a la Justicia ordinaria para reclamar sus utilidades, en caso de tener derecho.
Pretender acortar distancias para obtener resoluciones rápidas a través de acciones de protección constituye un engaño a la comunidad, pues pretenden hacernos pensar que un eventual derecho económico -cual es percibir utilidades- constituye un derecho fundamental que no puede ser remediado por los jueces ordinarios, lo que es mentira. Tanto el Código del Trabajo como la antigua Corte Suprema de Justicia y las resoluciones administrativas remiten a los ex trabajadores de una empresa a los jueces del trabajo para que resuelvan tales conflictos. Resolver este particular y definir que aquella jueza de la Niñez que prohibió la comercialización de las marcas actuó mal, era elemental. Y además el caso contaba con el respaldo de la opinión publica, que observó absorta cómo una jueza especializada en divorcios y alimentos prohibió la comercialización de la Pilsener. Evidentemente, pagar y cobrar una coima, cualquiera que esta sea, está muy mal. Pero ¡qué corrupción más sinvergüenza esta que, al menos de lo que parece, ha facturado por dictar una resolución básica, dado que no se necesitaban mayores conocimientos para resolverla! Y qué ingenua la empresa al pensar que la contratación de un abogado graduado antes de ayer en una universidad a distancia, hermano del secretario de la Corte, a quien se le paga muchísimo dinero, no iba a generar un escándalo público.
El caso es de Ripley. Pero desnuda el descaro con el cual se actúa desde hace ya algún tiempo en el país. Esta Corte, que empezó como tribunal y se transformó sin derecho alguno en Corte Constitucional, tiene mucho que explicar. Y su autoridad moral para resolver graves problemas nacionales esta seriamente cuestionada.
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cerveza-amarga-458655.html
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