Desde octubre de 2009 reposa en la Asamblea Nacional un proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. El artículo central dice, literalmente: “Deróguese el artículo 2 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado”.
El artículo al que se refiere la reforma obliga al Banco Central del Ecuador a llevar un sistema independiente y separado de balances de acuerdo a cuatro distintos sistemas. El primero es el de Canje y respalda al 100% al circulante emitido por el BCE. El segundo es el sistema de Reserva Financiera que respalda al 100% los depósitos de las instituciones financieras privadas y públicas en el BCE. El tercero es el sistema de Operaciones y en él se registran los depósitos sector público y de particulares. Finalmente, el sistema de Otras Operaciones registra el resto de cuentas no incluidas en los tres sistemas anteriores. Para entender la razón de la coexistencia de estos cuatro sistemas, hay que remontarse al momento en el que la economía ecuatoriana se dolarizó. La administración de ese entonces, al perder el completo control sobre la emisión monetaria, tuvo que buscar un mecanismo por medio del cual se pudiesen garantizar las obligaciones del BCE con terceros que incluyen el público en general (primer sistema), las instituciones financieras (segundo sistema) y así sucesivamente. Implícitamente se estableció una prioridad en las responsabilidades del BCE, las cuales están respaldadas por la reserva de libre disponibilidad. Esta organización es una de las herramientas que permite mantener la dolarización.
La reforma elimina estos sistemas y los coloca dentro de un sistema único. Y es aquí donde empiezan los riesgos potenciales. En primer lugar, una de las pocas responsabilidades que le van quedando al BCE (en dolarización) se elimina con lo que su momificación está casi completa. El segundo problema es aún más grave ya que al colapsar todos los sistemas en uno solo, se abre la puerta para que la reserva se convierta definitivamente en la caja de efectivo del Gobierno con recursos sobre los que categóricamente no tiene propiedad alguna como son los depósitos del IESS o de las instituciones financieras privadas (las cuales tienen recursos privados). Es inaceptable.
¿Qué ocurriría si el BCE no puede responder a los requerimientos de estos depositantes?
La Asamblea tiene la obligación de estudiar cuidadosamente esta reforma, al parecer, inocua, antes de votarla. No solo se eliminaría un sistema fundamental de seguridad para la dolarización, sino que también abriría la puerta para que el rigor mortis se apodere del BCE.
Tomado de la Carta
Económica, Cordes
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