Publicado Originalmente en Diario Expreso
Que el Congreso Nacional funcione en Montecristi, (Manabí) y la Corte
Suprema de Justicia en Cuenca (Azuay), son propuestas revolucionarias
que tienden, por primera ocasión, a estructurar el Estado ecuatoriano
dentro del siglo XXI. Tan abundantes son los organismos públicos
concentrados, todos en Quito, que hasta la misma capital de la
República y sus propios organismos seccionales sufren el embate del
centralismo burocrático.
El poder
político es un nudo gordiano imposible de desatar. Nació inspirado en
los totalitarismos vigentes en Europa en el siglo XVIII. Casi 200 años
evidencian corrupción, privilegios, inconsistencias y aberraciones
jurídicas y políticas que son causantes de la pobreza, emigración y
desasosiego que afecta a los ecuatorianos.
Nuestra hermosa y querida capital Quito, relicario de América, cuna y
prez de hombres y mujeres patriotas sufre falencias iguales a las
ciudades más distantes del centro del poder y del dinero. Los
ministerios y el propio Primer Mandatario y los organismos autónomos y
de control no son culpables, pero sí responsables de semejante
abandono. Por ello, la propuesta que nace en el seno de la Asamblea del
propio Partido de Gobierno y apoyado, según dice, por Alberto Acosta,
Presidente de la Asamblea, es altamente positiva.
El asambleísta manabita, Ricardo Zambrano, ha elaborado una propuesta
de que Montecristi sea sede de la Función Legislativa. 77 firmas de 130
asambleístas debidamente notariadas la respaldan. Más de la mitad, esto
es el 60%, son ejemplo de querer ir hacia una original desconcentración
del Estado, con nueva estructura política administrativa que permita
generar y distribuir riqueza en todo el país. Cuarenta y siete
corresponden a asambleístas de Acuerdo PAIS y 30 son de asambleístas de
las minorías.
El presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, manifestó que él respalda
este tipo de iniciativas y que la propuesta debe ser debatida
detenidamente y que él, años atrás, ya escribió en uno de sus libros
sobre la desconcentración de las funciones del Estado, ubicando el
Congreso en Cuenca y la Corte de Justicia en Manabí.
Por ejemplo, la Procuraduría del Estado se podría instalar en
Guayaquil. La Contraloría en Ambato. El Conesup en Loja. Petroecuador
en Napo y Petrocomercial en Esmeraldas. Los ministerios, según sus
deberes y atribuciones, habrá que ubicarlos en distintas ciudades del
país. Lo mismo con la enorme variedad de instituciones públicas que
cambiarán la vida de sus habitantes.
Lo que se pretende es que funcionen. No obstante las emergencias
declaradas, dejan colgado a los buenos propósitos del Presidente, quien
ahora sí podrá recorrer el país para ordenar, dirigir, observar y
supervisar el cumplimiento de sus deberes.
Los recursos del Estado se canalizarán directamente y terminará el
peregrinar (de siglos) para conseguir rentas que ahora dependen de la
buena voluntad de burocracias intermedias y generalmente caprichosas
residentes en Quito que contradicen los buenos intentos de los
gobernantes.
Hasta los gobiernos seccionales de Pichincha, e incluso el de Quito, no
obstante solo cruzar la calle, son víctimas de la manipulación corrupta
del centralismo burocrático.
La infraestructura, carreteras, vías de comunicación, rutas aéreas,
servicios públicos se reorientarán y mejorarán la atención a los
usuarios. El país todo dará un salto al futuro con esta revolución
político-administrativa como la que se está planteando en Montecristi.
El grave problema del tránsito en Quito, la polución ambiental y el
reciente derrumbe del intercambiador El Trébol evidencian que no es
sensato mantener un sistema concentrador que solo beneficia a pocos
grupos de interés particular.
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