Maniqueísmo público

En estos días se ha dado por hablar de los morosos de la banca y ahora resulta que tener deudas es pecado. Han convertido a la central de riesgos en un instrumento para realizar vendettas políticas. Leyendo el diario – Expreso encontré un editorial que no puede ser más atinado sobre este tema que en estos días se discute en el país. El editorial “Maniqueísmo público” de Paul Velasco Ruiz lo reproduzco verbatim a continuación con el perdón del autor pero me parece que es de suma importancia en estos días:

MASCARÓN DE PROA
Maniqueísmo público
Paúl Velasco Ruiz

La quiebra bancaria que se produjo en el país trajo como consecuencia que las transacciones de las personas con las instituciones financieras, que forman parte del contrato privado, terminen convirtiéndose en una sui géneris vinculación entre individuo y entidad pública, con el traspaso de las acreencias al Estado.

Todos los deudores, de la noche a la mañana, se convirtieron en deudores del Estado, con lo cual, si bien no se transgredió la naturaleza civil de esas obligaciones, sin embargo, irrumpieron hacia lo público adquiriendo otra connotación ¿Qué quiero decir con ello? El deudor privado se transformó en deudor público. Algo así como aquel contratista que incumplió su contrato con el Estado, quedando inhabilitado para ejercer la función pública.

Quien quedó con alguna deuda al cierre bancario y pasó a la AGD, prácticamente se convirtió en un insolvente oficial sin sentencia. Ahí empieza a producirse una severa distorsión que tiene consecuencias perniciosas: la primera de ellas es que se equipara al deudor de cien dólares con el que debe un millón (desproporción inconcebible); la segunda, las personas que pagaron sus acreencias a la AGD, no obstante de haberlo hecho, son mantenidas inamovibles en las categoría de D y E en la central de riesgos (la Superintendencia de Bancos no actualiza esta información). En esas condiciones miles de ciudadanos, que ya no deben nada, deambulan en calidad de parias en el sistema financiero privado, pues, los bancos, se han inventado unos plazos caprichosos (en nada amparados en disposiciones legales) para dar de baja esas calificaciones.

Por lo tanto, si se quiere tomar como parámetro de calificación la información de la central de riesgos, para que una persona ocupe un puesto público, lo primero que debería hacerse es depurarla, ya que existe la posibilidad de que sea usada con una excesiva liberalidad para deslegitimar a personas plenamente aptas para acceder a las funciones del Estado.

Adicionalmente, empieza a entronizarse una desconceptuación atentatoria al derecho de las personas: ya no son exclusivamente los deudores de la AGD, los inhabilitados, sino que se generaliza el criterio hacia todo deudor en pleno ejercicio contractual privado con la banca, poniéndolo en la picota pública, situación que implica una franca invasión de lo público en lo privado, ya que una acreencia, incluso hallándose en mora, no puede constituirse en indicador de calificación legal ni moral mientras no reciba sentencia ejecutoriada.

Más allá de casos evidentes, donde hay sentencias ejecutoriadas o deudas impagas que no han sido refinanciadas en la AGD, que ubicarían a una persona en situación no admisible éticamente para ejercer una función pública, no existe un impedimento legal ni moral para quien mantiene un contrato de crédito con un banco privado, aún en situación de mora, para acceder a tal función.

Creo que lo que está aconteciendo es una peligrosa desviación, donde el derecho de las personas está siendo vulnerado por un maniqueísmo público absolutamente inquisidor que ha empezado a desatarse y cobrar fuerza a partir de la confusión entre derecho público y derecho privado, cuyas consecuencias son tremendamente dañinas para el funcionamiento del estado de Derecho.