La Bolsa de Productos, una corporación privada en la que se concretan transacciones de productos agrícolas, deberá dejar de ofrecer ese servicio por disposición del Ministerio de Agricultura (Magap).
En un documento (Acuerdo Ministerial Nº 116) firmado el pasado jueves por el ministro Ramón Espinel, se establece que esa función recaerá en una unidad especializada de la Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico del Magap.
El titular de esa Subsecretaría, Donald Castillo, dijo ayer que la nueva unidad tendrá su sede en Guayaquil, debido a su ubicación geográfica estratégica para la comercialización de productos agrícolas como el arroz, maíz, soya, entre otros.
“Nosotros, como Estado, vamos a controlar las transacciones… ya no dependeremos de la Bolsa, y tendremos estadísticas reales de lo que se compra y se vende”, señaló Castillo.
El funcionario aseguró que el Estado sí está en capacidad de asumir lo que era facultad de la Bolsa de Productos; incluso mencionó que para transparentar los movimientos de compra y venta se levantará información en una página web y habrá auditorías externas.
De su lado, el director ejecutivo de la Bolsa, Patricio Viteri, señaló que mañana convocará a una reunión de directorio para analizar las medidas que tomarán, pero adelantó que solicitarán audiencia para dialogar con el presidente Rafael Correa.
De ser necesario, aseguró Viteri, se movilizarán a la Asamblea Nacional para evitar que la Bolsa deje de operar.
“El Ministro quiere con esta medida tapar la enorme incapacidad de él y su equipo de trabajo en el manejo del sector”, sostuvo Viteri.
Señaló que la Bolsa de Productos es una entidad sin fines de lucro que fue creada hace más de 20 años para facilitar las transacciones, lo que a su criterio, no será capaz de realizar la nueva unidad del Ministerio de Agricultura.
“No somos intermediarios, apenas se cobra 24 centavos por tonelada y eso solo sirve para los gastos operativos”, dijo.
Apuntes: El acuerdo
Motivo
El financiamiento de una entidad privada no puede ser cubierto por tasas y contribuciones generadas por leyes, acuerdos, normas o reglamentos, según el art. 287 de la Constitución. Además, es necesario organizar un sistema nacional de comercialización interna y externa de la producción.
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