Walter Spurrier Baquerizo
El 29 de mayo en Tegucigalpa, el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones generales para el 29 de noviembre.
Honduras tiene un sistema bipartidista; poco separa ideológicamente a los partidos Liberal y Nacional, que se han alternado en el poder.
Esta vez no fue excepción. El Nacionalista Porfirio Lobo, opositor, triunfó con 1’213.634 votos, el 57% del total; el candidato liberal tuvo el 38%. Lobo se posesionó el miércoles 27 de enero.
Este sencillo recuento no se distingue por lo que narra, sino por lo que excluye. Esa sucesión fue posible porque los poderes Legislativo, Judicial y Fuerzas Armadas frustraron un intento del presidente liberal, Mel Zelaya, de interrumpir el proceso electoral y quedarse en el poder. Veamos.
En 2008 Honduras, gravemente afectada por el alza del precio del petróleo, se sumó al ALBA para recibir auxilio de Chávez. Sus nuevos amigos le calentaron la oreja. El presidente Correa lo visitó el 31 de mayo de 2009 y brindó sus servicios de asesoría experta de cómo quedarse con el poder.
Zelaya aprendió. Retuvo los fondos que debía entregar al Tribunal Electoral para organizar las elecciones, promovió que en junio 28 se consulte al pueblo sobre una reforma constitucional permitiendo la reelección, y mediante decreto de junio 27 dispuso que si el voto del 28 era positivo, le otorgaba la facultad de disolver el Congreso.
Nunca se gana una guerra con la estrategia triunfadora en la guerra anterior. En Tegucigalpa, Congreso, Corte Suprema, candidatos presidenciales, ya sabían lo que se venía: Si el Congreso frenaba la consulta, Zelaya con cualquier pretexto destituía a los legisladores que se le opusieran, mandaba a sus huestes con escolta policial a apalearlos a ellos y los jueces de la Suprema, convocaba a la consulta popular para una nueva Constitución, prorrogando su mandato.
La nueva campaña sería millonaria, con dólares de Chávez, agitadores políticos enviados por Daniel Ortega, la oposición impedida de hacer publicidad en los medios.
Por lo que las instituciones hondureñas golpearon primero. La Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto presidencial, ordenó el arresto del presidente. Las Fuerzas Armadas cumplieron.
Zelaya, dormido profundamente en el palacio, soñaba con 300 años de zelayismo; despertó, aún en piyamas, en San José de Costa Rica.
El Presidente del Congreso, liberal como Zelaya, se encargó del poder, hasta entregarlo a Lobo el miércoles.
Fue exagerado el rechazo internacional. El procedimiento empleado fue demasiado burdo para pensar que se aplicaría en Francia o Italia, pero justificado por las circunstancias. Zelaya violó la Constitución. Nunca hubo indicios que la dirigencia legislativa pensaba asignarse un prolongando interinato, como fue el caso del Ecuador en 1997-98. Lo cual contrasta con la actitud internacional ante los sucesivos golpes contra Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, que no generaron protestas.
Hasta en Ecuador, los medios de prensa serios sintieron la necesidad de referirse al “gobierno de facto de Honduras”.
Cabe preguntarnos: ¿Cómo hubiera estado mejor servida la democracia hondureña; con el proceso adoptado de remover al presidente saliente y permitir las elecciones previstas, o dejando que Zelaya prosiga por la ruta de la consolidación indefinida de su poder personal?
Cambiemos Ecuador 