Inseguridad ciudadana y autonomía policial

Quiero hacer un par de comentarios sobre el artículo de Fernando Carrión, "El uso de la fuerza se diversifica", del día sábado, 27 de Agosto en Diario Hoy de Quito.
Primero,
me parece que la apreciación del fenómeno mercenario como una instancia
de provisión de seguridad en el entorno urbano de Manta precisa de un
estudio profundo para poder ser determinado en todas sus implicaciones.


Esta práctica, fuera de percepciones personales en las cuales coincido
en la censura, es un trabajo como cualquier otro, el cual aparte de los
contactos iniciales, no está siendo realizado en nuestro país.
Adicionalmente, las tareas de los contratados, lejos de ser tan nobles
y románticas como las de mercenarios históricos tales como la Legión
Extranjera Francesa, se reducen a brindar seguridad y protección a
instalaciones en países lejanos, similares a las del guardia de una
universidad o de un edificio público. Pero eso es tema para otra
conversación.
Por otro lado, acerca del análisis de seguridad
ciudadana, he tenido la oportunidad de conocer el trabajo que se ha
hecho y algunas experiencias en otras ciudades, y creo firmemente que
el fortalecimiento de instituciones policiales autónomas, dependientes
de los gobiernos locales, puede ser, lejos de una
desintitucionalización y del catalizador para una escalada de
delincuencia, un factor determinante para el efectivo control de la
delincuencia en ciudades altamente violentas.
La maniobrabilidad que
brinda un departamento policial pequeño y controlable, manejado
localmente, según criterios organizacionales definidos y aprovechando
herramientas como las estadísticas comparativas (programa COMPSTAT),
rendición de cuentas, profesionalización de la fuerza y demás, son
factores de mucha importancia en un entorno tan violento, inseguro y
donde la Policía Nacional está bastante lejos de brindar la seguridad
que la ciudadanía precisa. Adicionalmente, la colaboración y
coordinación entre la misma Policía Nacional ahora no es muy eficiente,
siendo una sola institución centralizada y perteneciendo al Estado
central. Quisiera asimismo poner el ejemplo de INTERPOL, como ejemplo
de la colaboración de departamentos de policía internacionales, para
ilustrar que no sería tan complicada una colaboración entre
departamentos locales en el país.
El tamaño de la institución, su
centralismo agobiante, la corrupción campeante (que el propio sistema
genera, permite y en ocasiones avala), su falta de preparación y la
burocratización de la que es víctima impiden que se profesionalice el
servicio y que se siga un patrón organizacional que privilegie la
rendición de cuentas, los incentivos para los oficiales, detectives,
administrativos, ejecutivos de atención al público y demás integrantes
del cuerpo y, consecuentemente, una mejora en los niveles de seguridad
de las ciudades, y su gente, que es lo que de verdad importa.
Personalmente
y luego del estudio profundo de los programas de seguridad
implementados y probados en otras ciudades, la fragmentación de las
políticas públicas, la progresiva independencia de las ciudades y
provincias gracias a los logros en materia de autonomía, el
fortalecimiento de instituciones locales y el empoderamiento de los
ciudadanos son situaciones altamente deseables no solo en nuestro
entorno urbano, sino a todo nivel. La implementación de un plan
nacional con una política de seguridad centralista y alejada de las
necesidades fundamentales de poblaciones tan disímiles como Muisne y
Cuenca, Guayaquil y Cotacachi o Macas y San Cristóbal, no logrará mucho
más que profundizar la animadversión hacia el centralismo y los planes
homogeneizados a la fuerza, que agobian a las poblaciones individuales
al no cubrir sus necesidades particulares ni tomar en cuenta sus
problemáticas específicas y causan explosiones peligrosas como los
recientes paros en la provincia de Manabí (no menciono el paro
amazónico debido a sus causas, más profundas que una simple reacción al
centralismo).
La escalada de los delitos no responde a la
desinstitucionalización de, por ejemplo, la Policía Nacional, sino a la
necesidad ya evidente de que el Ecuador adopte un estatuto autonómico
que permita fortalecer los gobiernos locales, entregándoles entre otros
rubros, la seguridad ciudadana, la administración de justicia y de
rentas y la potestad para organizar sus asuntos internos.