Ayn Rand dijo "El gobierno se crea para proteger a la gente de los criminales. La constitución se crea para proteger a la gente, del gobierno.". En Ecuador permitimos a diario, todo lo contrario. La constitución es una carta de intención de los políticos y funcionarios para hacer lo que nunca se ha podido hacer bien desde el aparato de fuerza, y los criminales y la gente en el Estado son libres mientras que nosotros vivimos amenazados por los ataques de los unos y las arbitrariedades de los otros.
La gente se sorprende aquí de saber que comparte el dudoso honor de
estar casi al fondo del Indice de Libertad Económica de la fundación
Heritage, con la China Comunista.
Para que no quede duda de la causa de ello, enfoquémonos en la última arbitrariedad colectivista del Estado ecuatoriano.
La resolución 722 de la Junta Bancaria (JB) del 15 de
diciembre del 2004 dispuso que los bancos, cooperativas, sociedades
financieras y las emisoras de tarjetas de crédito usen metodologías o
sistemas internos para asignar montos y demás condiciones crediticias.
Es decir, según el perfil de los clientes y no de sus ingresos totales.Eso significa que los cupos o montos de los préstamos ya no se darán
solamente según los ingresos de los usuarios sino mediante una
evaluación de variables como la zona de residencia, propiedades,
historial crediticio, estabilidad laboral, cuentas bancarias entre
otras.
…
El objetivo es que los deudores no destinen más del 50 por ciento de
sus ingresos al pago de sus obligaciones y así evitar riesgos de
morosidad.
Esto es insultante: un grupo de políticos, burócratas y en el mejor de los casos, tecnócratas, se atribuye la capacidad de dictaminar
la forma en que los bancos, financieras y emisoras de tarjetas de
crédito deben calcular el monto y pagos periódicos de un crédito.
La justificación que estos sabios platónicos deben darse a sí mismos es
que ‘están velando por los intereses de la banca y a la vez de los
sujetos del crédito’. El pastor cuidando del rebaño. En otras palabras,
la disposición atrabiliaria sobre la propiedad y la vida ajena: decir a
unos cuánto y cómo prestar, y a los otros en cuánto y hasta dónde
pueden endeudarse. La función de un gobierno es proteger propiedad y contratos, no dictar la forma en que debe usarse la primera y cómo deben escribirse los segundos. Eso se llama intervencionismo, y nos tiene donde estamos.
Lo más patético es que el propio Estado no se coloque ninguna regla a
sí mismo sobre límites y plazos de endeudamiento. Estado sin reglas,
ciudadanos reglamentados. Incluso los conceptos más elementales del
imperial derecho romano, proponen lo contrario.
Ecuador: Estado libre, pueblo regulado.
De acuerdo contigo Juan Fernando, que hacemos para no seguir soportando arbitrariedades ridiculas?
Creo que podemos empezar por aprender y difundir ideas de pueblos libres, menos estatistas y más basadas en la autoresponsabilidad. Estás invitado a participar activamente, por favor escríbeme.