Autor: Romulo Lopez

No contentos con la incautación del decano de la prensa nacional (Diario el Telegrafo), el gobierno de Correa ante los resultados patéticos del canal de tv estatal dirige su atención ahora a TC televisión.  El gobierno está tan desesperado en lograr la aprobación de la nueva carta de la esclavitud que se está fraguando en Montecristi que ahora busca la incautación de TC televisión seguramente para inundarnos ad-nauseum con la propaganda a favor del referendum aprobatorio de la nueva constitución. 

Si bien es cierto que los problemas legales de TC televisión son conocidos debido al salvataje bancario del 98-99 con Filanbanco, el momento para llevar a cabo la incautación resulta por demás muy sospechoso.  ¿Por qué ahora y no mucho antes o por lo menos despues de la aprobación de la nueva constitución?  Si bien es cierto los problemas legales de la familia Isaías tienen que ventilarse en los tribunales las acciones del gobierno resultan un ariete más en la larga cadena que se le está poniendo al país con respecto a la libertad y a la libertad de prensa. 

No nos olvidemos que el grupo Isaías es además uno de los proveedores más importantes de Internet via cable con la empresa Satnet, y no nos extrañe que el régimen esté planificando tambien caerle a esta empresa.  ¿Que nos quedará entonces con la televisión y el internet censurado?  TC tv y Satnet no son los únicos proveedores, pero creen ustedes que los demás medios se atreveran a criticar al gobierno frente a tan grave precedente?

Rechazar la toma de TC televisión y Satnet es imperativo por encima de cualquier problema legal que sus accionistas puedan tener para evitar que el proyecto tiránico de la asamblea terminé de llevar al país a un estado de cosas similar a Venezuela y Cuba.

Actualización (23:09):

Mientras tanto el gobierno ante lo que podría ser un desastre en su ruta totalitaria tiene que dar marcha atrás y salir por medio del gobernador a desmentir los intentos confiscatorios.  Puede que hayan sido rumores, pero no suena descabellado por que como comenté hace unos días varios asambleistas que finalmente se están dando cuenta del Frankistein que va a salir de Montecristi.

Abdalá Bucaram figura tristemente celebre de nuestra política nacional que como gobernante fue un desastre, sin embargo ha sido uno de los más brillantes estrategas políticos que ha tenido el país.  Su estilo patán y chabacano si bien fue el inicio de la vorágine de la última década, logró acuñar las mejores frases y las mejores campañas que se han visto en nuestra historia política.  No quiero el regreso de Bucaram pero si creo que en la actual crisis con Correa (un patán ilustrado) es necesario que recordemos la famosa cuña política en la cual junto con su mudo interlocutor Suzo Salem pedía que nadie se le baje de la camioneta.

Y es que eso parecería que está pasando con la famosa Asamblea que ante los continuos desaciertos y los pedidos de mandatos del presidente ha incumplido la tarea que se les encargó cuando fueron electos.  Figuras señeras como Martha Roldos y Alberto Acosta son las primeras que se quieren bajar de la camioneta renunciando a sus cargos dentro de la asamblea, pero hasta ahora no han tenido el aplomo de denunciar frontalmente y renunciar por completo.  Si saben que el proceso está viciado y quieren rectificar el caos que está organizandose bajo la manipulación correista hagan lo correcto, y promuevan el No.  Aunque no concuerde ideológicamente con el Dr. Acosta, y la
Dra. Marta Roldós los exorto a que sean coherentes y que se unan a la campaña por el no.

Es increible que la nueva asamblea siga adelante en este proyecto totalitario y hasta ahora la oposición impávida no logra articular una estrategia coherente para frenarla.  Todos los ciudadanos conscientes y preocupados por el futuro del país tienen que apoyar esta iniciativa. Oponerse a la asamblea no es como dice el actual Presidente Cordero un complot, es un deber patriótico que debemos asumir si queremos defender la libertad y la democracia en nuestro país.

Con gran pompa el presidente recibe a la comisión de la verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos entre 1970 y el 2007.  Sin embargo resulta por demás misterioso dos hechos que saltan a la vista, dicha comisión está integrada en su totalidad por miembros, todos de ideología de izquierdas y por otro lado convenientemente han dejado el año en curso 2008 fuera de su investigación. 

Como se pueden imaginar nuestro lectores esta pequeña omisión no tiene otro fin que ignorar los sucesos dentro de la actual administración de Correa y los suceso de Dayuna y la prisión de Guadalupe Llori.  Creo que para que haya más imparcialidad en la supuesta investigación sobre violaciones a derechos humanos sus integrantes deberían representar a todo el espectro político e incluir los hechos más recientes.  Adicionalmente en dicha comisión se deberían de excluir a todos aquellos que tuvieron participación en los periodos de gobierno a investigarse, incluido el gobierno actual.  No hacerlo de este modo y permitir a personas involucradas anteriormente (como protagonistas o antagonistas) o reunirse con funcionarios de la actual administración le quita credibilidad a dicho trabajo. 

La investigación debe centrarse en hechos que sean demostrables y que se puedan confrontar con testigos, estadísticas y datos concretos y no solo aceptar a ciegas testimonios previamente escogidos sin ningún tipo de careo.  En ese sentido encuentro sospechoso que previo a la investigación se determine desde un principio que el grueso de las violaciones de derechos humanos se den en un determinado periodo presidencial (84-88). ¿No sería acaso lo correcto entrar a dicha investigación sin preconcepciones? Parecería entonces que dicha comisión tiene agenda y pretende difamar y no buscar la verdad.

Finalmente es de suma importancia que comentarios como el que hiciera ayer Alexis Ponce de la APDH en Ecuador Inmediato o los del mismo presidente Correa se eviten en la medida de lo posible.  Ambos personajes han mencionado que el trabajo de la HRF no es válido dado que son organizaciones financiadas por el Imperio (USA?).  Esto por cierto lo desmiente el Presidente de la HRF pero los personajes de marras ni siquiera se toman la molestia de dar pruebas y además no resuelve el problema de fondo que es responder a las graves denuncias de la HRF.

El presidente Correa insiste en decir que existe total libertad de expresión y sin embargo constantemente está criticando a la prensa y desdeñando cualquier información que le resulte desfavorable como los pedidos de la Human Rights Watch para que aclare la situación de la Prefecta Guadalupe Llori. 

Parecería ser que existe libertad de expresión para el mandatario y todos aquellos que apoyan el gobierno, y sin embargo no tiene empacho alguno al pedir juicios (como los que le pide en contra del director de Diario la Hora) o leyes especiales para castigar a aquellos que lo difaman (o que más bien lo hacen quedar en evidencia).  Su manera de hablar sobre responsabilidad es algo extraña pues la responsabilidad en una sociedad libre implica que si alguien propala rumores, tarde o temprano esas mentiras quedarán en evidencia y quien lo haga sufrirá de un castigo más fuerte que cualquier ley, la pérdida de credibilidad.  Los periodistas serios y o de larga trayectoria lo saben y se cuidan mucho de propalar rumores o inventar historias.  Tarde o temprano los mentirosos quedan al descubierto.

Sin embargo en la concepción de Correa la responsabilidad parecería implicar que algún organismo del estado va a cumplir esa función y va a actuar como especie de fiscal para perseguir a los que no son responsables en el uso de su libertad de expresión.  Y esta concepción resulta peligrosa para una sociedad libre pues la libertad de expresión queda en manos de este fiscal de prensa.  Como todos sabemos por definición estos fiscales no son de alguna manera imparciales y están sujetos a las preferencias políticas o las convicciones que los motivan. Ahi tenemos la trampa de la concepción Correista de libertad de prensa garantizada con responsabilidad (requiere registrarse para leerlo). 

Frente a esta disyuntiva creo que le hace más daño al país este novel concepto de libertad de prensa sujeta a la autoridad que una prensa que se basa en la reputación y en la libertad irrestricta para ejercer su profesión.  Incluso en esta concepción de la libertad de prensa irrestricta la ciudadanía tiene derecho a defenderse de los abusos a través de los mismos medios y organizaciones independientes.  Por el contrario al haber algun fiscal o super autoridad que decida que se puede decir o no tenemos el problema de que la ciudadanía quedaría en manos de un todopoderoso que decidiría si puedo o no puedo decir lo que quiero decir.  (¿Habrá que mandar estos artículos al censor para que los apruebe?)

Lo único que veo detrás de los esfuerzos de Correa al hablar del tema de la libertad de expresión es buscar una justificación para imponer la censura de manera solapada.  Aparentemente la conciencia lo traiciona y aún no puede articular en palabras lo que sus acciones rebelan, un país controlado, sin ni siquiera libertad de expresión y manejado a su manera para imponernos a la fuerza el socialismo del siglo XXI y llevarnos a experimentar el infierno castrista y la payasada chavista?