El presidente Correa podría haber resumido parte de su éxito electoral como el logro de la comunicación que hace aparecer como verdad la mentira.
Desde la campaña de 2006, parte de su práctica fue mentir. Millones de dólares invirtieron los que financiaban a Correa. Dos declaraciones formuló entonces: que no iba a identificar a sus verdaderos auspiciadores porque serían perseguidos por los socialcristianos; y, que había desechado millones de dólares, por el origen ilícito de esos aportes, en uno y otro caso prometió decir los nombres de sus patrocinadores después del triunfo. Nunca lo ha hecho.
Su hermano mayor, Fabricio Correa, el domingo último, en el programa ‘Detrás de la noticia’, en Ecuavisa, dio su versión, declaró haber sido recaudador de fondos para la campaña de su hermano Rafael en 2006 por USD 3 millones y medio.
La auditoría del Tribunal Supremo Electoral registra los aportes declarados por Alianza País en montos muy inferiores a esa suma, que además está por encima de lo que autorizaba la Ley en 2006. ¿Y los aportes de los otros cotizantes?
Habría varias infracciones, aportaciones ilegales y declaraciones falsas. El presidente Rafael Correa, al igual que sus antecesores Jamil Mahuad y Lucio gutiéfrrres Gutiérrez, estaría en el cartel de los infractores penales del gasto electoral.
El Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General del Estado deberían iniciar la indagación para que Fabricio Correa identifique a cada aportante, con límite de USD 50 000, según dijo. No hacerlo sería sumisión ante el poder.
Paquete más reciente de mentiras son los contratos petroleros, Correa modificó los precios base del tiempo de Alfredo Palacio.
El pretexto: la participación estatal subiría del 50 que dejó Palacio al 70%, pero al elevar los precios base, del rango de USD 20 el barril a más de 40, aun cuando no hubieran caído aceleradamente los precios de venta del petróleo era mal negocio, peor con los actuales precios, en que los ingresos extraordinarios por encima de USD 40 desaparecen, causando pérdida inmediata de cerca de USD 700 millones al Estado ecuatoriano, comparando con lo que dejó Palacio. Torpeza o pillería.
Lo último, la Ley Minera. Claro direccionamiento a las empresas transnacionales que trabajan a cielo abierto, en medio de deshonestos juegos de palabra.
El silencio administrativo ambiental se entiende dictamen favorable, por ejemplo. Regalía del 5% para el Estado, con una literatura mentirosa que incumple la norma constitucional del beneficio en el 50% para el Estado.
La cantaleta se repite: nada importa, Correa tiene los votos. Mucho dinero y comunicación masiva, práctica fascista para hacer aparecer virtuosa a la mentira. Los carteles de la droga de Medellín y Cali por mucho tiempo tuvieron la simpatía de los más pobres de las ciudades.
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