Autor: Romulo Lopez

Por Rómulo López Sabando

Publicado originalmente en El Expreso de Guayaquil

En una muy importante asamblea del máximo organismo de cierta actividad, señera en la vida nacional, un millonario n.n., autor convicto de gigantescas estafas a cientos de jóvenes ciudadanos, junto con uno de sus múltiples abogados que gestionan para que la impunidad prevalezca y perdone las sanciones penales, (que no caminan), tuvo la audacia de presentarse para sufragar, en el seno del indicado organismo, suplantando al votante legítimo.

Al descubrirse que el acto electoral podría ser viciado de nulidad, el Pleno de sus miembros, por unanimidad, tomó la sabia decisión de interrumpirlo y reiniciar los comicios, pues se corría el riesgo de que ello seria más tarde alegado por el infractor como una “prueba” de que, pese a su espuria condición y calidad, al estar su fraudulento voto en las urnas, se lo habría reconocido como miembro de la comunidad, sin tener los requisitos legales, profesionales y académicos requeridos.

Afortunadamente el acto comicial fue rescatado y su valor jurídico y ético es incuestionable. Los nuevos personeros designados gozan del respaldo legítimo y total de la comunidad a la que se deben. Y los infractores, furtivamente, desaparecieron.
Tan grave fue la situación creada por los intrusos que, de haberse permitido su votación ilegal y audaz, ello hubiese también podido consolidar los delitos y neutralizado los justos reclamos de cientos de perjudicados.

Han transcurrido más de 3 años desde que el organismo pertinente sancionó al infractor clausurando al principal de sus “negocios” con el cual se cometieron los delitos, pero no hay los enjuiciamientos penales que la ley ordena.

El autor de los delitos, que llevó su estafa a uno de los tribunales constitucionales desaparecidos, no logró “lavar” sus estafas, pese a estar amparado por jueces cuestionados por diversas causas y favorecidos en sus procesos, al igual que el infractor que sigue campante como aquella antigua propaganda de un embriagante producto.

Las violaciones a la ley son múltiples. La oferta ilegítima y las estafas, están en la impunidad. No hay firmeza en la sanción para perseguir se cumplan los artículos 11, 13, 44, 46, 103, 104 de la Ley pertinente , y 31 y 47 de su Reglamento general, así como Resoluciones técnicas “RCP-S01-032-05-A” y “RCP-S01-032-05-B”, vulnerados y escritos en el papel.

La usurpación de dignidades e instituciones carece de sanción. La impunidad hace tabla rasa de los valores y derechos constitucionales, mientras organismos internacionales ubican a Ecuador como país de mayor corrupción en América.
La vida social sufre los estertores de la bondad, la verdad, el honor, la honestidad ante los embates de la maldad, la mentira, el deshonor y el pillaje. La desvergüenza es la “norma”. Quien actúa bajo principios de integridad y honradez es considerado el “tonto del grupo”.

Don   Enrique Santos Discépolo hace más de 70 años, en hermosa y popular melodía dijo: “Es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, choro, generoso o estafador… ¡Todo es igual! ¡Nada es mejor! Lo mismo un burro que un gran profesor. Los ignorantes nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, Rey de Bastos, caradura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. No pienses más; siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado… Es lo mismo el que labora noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley”.

Por Rómulo López Sabando

Publicado originalmente en Diario Expreso de Guayaquil

Políticos, intelectuales y gobernantes repiten que somos
inmensamente ricos, en recursos naturales, pero con población
paupérrima y corrupta. Dicen que para combatir la corrupción y llegar
al nirvana del bienestar, el Estado debe robustecerse, con más dinero
para repartir como gran padre benefactor.

La
corrupción no es sólo un problema policíaco ni político. Tiene
múltiples formas y modalidades. Todos los gobiernos y medios de
comunicación realizan campañas para combatirla con programas y acciones
que la atenúan, pero no la erradican. Es un problema de hombres, dicen.
Y que hay que buscar, como Diógenes con su linterna en la mitad del
día, a los impolutos, los éticos, los buenos, pues a los malos,
corruptos y perversos (calificados así por los que autopresumen de
buenos), hay que castigarlos. Sin atinar, se dan palos de ciego, como
jugando a las ollas encantadas. La “presunción de inocencia”, (nadie es
culpable hasta que se lo demuestre) ha desaparecido frente a la
“presunción de culpabilidad” (nadie es inocente hasta que lo pruebe).

Falso que, ante la corrupción rampante, la verdad, el honor, la
bondad, la honradez no tienen cabida y que, por naturaleza, todos somos
corruptos. Por ello, dicen, no funciona la democracia.

Y nada más alejado de la verdad y de la lógica social. El punto
central es que no existe el “Estado de derecho” sino un “Estado de
legalidad”, en el que las “normas jurídicas” murieron para dar paso a
leyes y reglamentos que inventan legisladores y gobernantes,
influenciados por el positivismo, la política y la sociología más que
por el derecho, la moral y la justicia. Por ello, se dice que hecha la
ley hecha la trampa. Y ante tanto trámite, requisito, papeleo,
registro, control, extorsión y dificultades establecidas en las leyes,
la corrupción es una puerta de escape para trabajar. Millones de
ecuatorianos vegetan, se embrutecen y mueren sin desarrollar su
creatividad ni explotar el potencial de talentos con los que podrían
mejorar su vida. Pero, se robustecen los totalitarismos y enriquecen
los gobernantes.

Así, cuando algo es engorroso, oneroso y antieconómico, “la nota” es
que hay que hacerlo “por la izquierda”. Esto es, caer en, la extorsión,
el chantaje, el abuso, la coima ante la inminencia de perder no sólo el
dinero trabajado honestamente sino fracasar en el empeño de producir y
vivir honradamente. Las condenas seudo- éticas son retórica que
estimulan el cinismo, la desvergüenza y el pillaje. Esa forma de
legislar y de imponer la ley altera la vida social. Las personas
comprometen su integridad, pues se afecta a sus costos y se pervierten
sus beneficios. Se evaden las buenas costumbres y la moral. Se alteran
los medios y recursos necesarios para comprar y vender. El tiempo y la
información sufren mella y son parte del costo de las oportunidades
perdidas.

Cuando la Ley impone arbitrios de alto costo y exige demasiados
requisitos, la gente incumple y la evade. La desobediencia adquiere
niveles permanentes. El desacato se convierte en norma y la
informalidad se robustece. Los monopolios del Estado (ineficientes) son
fuente de corrupción. Energía, luz, teléfonos, seguridad social,
combustibles, aduanas. La competencia desleal de los bonos del Estado
destruyó las cédulas hipotecarias. El congelamiento de los alquileres
urbanos hizo de las invasiones el negocio sucio del desarrollo urbano.
Así nacen los barrios miseria, creados por la demagogia y reformas
agrarias que arrasan el área rural. El alto “costo de la legalidad” y
la “ley positiva”, que atropellan al Derecho y marginan a la justicia,
son la causa de la corrupción.